LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE LEGISLA AL FIN EN CASTILLA Y LEON


En vísperas del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, en el que se homenajea a las hermanas Miraval, detenidas, violadas y torturadas hasta la muerte por la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, las Cortes de Castilla y León debatirán el proyecto de ley Contra la Violencia de Género el próximo miércoles, día 24, cuyo texto adolece de graves carencias, razón por la que desde Izquierda Unida denunciamos el carácter meramente ornamental y publicitario que tiene esta iniciativa tardía del Legislativo de Castilla y León.
Como sucede con el Proyecto de Ley de Servicios Sociales, este proyecto deja para una posterior extensión legislativa gran parte de sus contenidos. Es decir, que en lo sustancial, parece un proyecto oportunista que se presenta sin apenas contenidos firmes y deja “ad calendas romanas” el desarrollo de su articulado.

Como tal Ley no ordena en absoluto la duplicidad de servicios de asistencia a las víctimas de violencia, que se han venido organizando por los Ayuntamientos y la propia Junta de Castilla y León al hilo de los acontecimientos. Este caótico tinglado va en contra de las mujeres, quienes no tienen nunca claro dónde dirigirse en busca de amparo legal. Se esperaba que el proyecto de Ley atendiera estos problemas y pusiera sobre la mesa una estructura clara con sus respectivas competencias. El efecto que esta carencia tiene afecta también al uso racional de las partidas presupuestarias que se dedican a este capítulo.

El proyecto de Ley no garantiza en absoluto que el derecho de las víctimas a sentirse amparadas sea universal y de carácter público. Aunque en el Título preliminar, en su artículo 4, dice que se prestará una atención integral, inmediata, próxima y permanente a las víctimas, luego se obvia el concretar la estructura de la Red de Atención y de los Servicios y Prestaciones tocados sin detalle en el Capítulo I, probablemente para escurrir el bulto a la hora de dotarlos de medios económicos, de personal y de instalaciones.

Por el contrario, la Ley debería garantizar la atención inmediata y pública a las víctimas de violencia de género, como alojamientos y servicios a las personas dependientes de la víctima.

También falta en el texto del proyecto de Ley la dotación específica de mayores competencias a los Ayuntamientos, con los correspondientes recursos para atender las mismas. Y, como era de esperar, la Ley desatiende la cobertura a los municipios que no son capitales de provincia, para los que no prevé ninguna asistencia ni equipamiento.

Conchi Ortega Alonso (Secretaria de Política Social y Mujer de IU Castilla y León)

PD.- Con motivo de este debate, dos personas de Izquierda Unida Miranda, Marian Rocandio, del Consejo Político y la Concejala de Servicios Sociales, Conchi Ortega, se han desplazado a Valladolid para asistir al debate.

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