SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA


En estos momentos se encuentra en proceso de tramitación en las Cortes de Castilla y León, el Proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, que sustituirá a la Ley 18/1988 de Acción Social de Servicios Sociales.
Desde Izquierda Unida de Castilla y León consideramos que la futura ley que nos presentan es deficiente e insuficiente y no debe votarse favorablemente por las Cortes de Castilla y León. Algunas de las razones para nuestro rechazo son:

1.- Por la propia denominación de la Ley, como “Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia”, ya que la ley tiene que configurar un “sistema único” y no dar preponderancia a la Atención a la Dependencia en detrimento de la atención a otros sectores como son los de exclusión social, discapacidad, drogodependencias, personas mayores, etc. Desde IU-CyL consideramos que la Dependencia no constituye un sistema fuera de los Servicios Sociales, sino que son Servicios Sociales.
2.- Porque la Ley no habla de un "sistema Público de Servicios Sociales” sino de un “sistema de responsabilidad pública”. IUCyL propugna que se garantice por ley el derecho de los castellanos y leoneses a tener unos servicios sociales públicos.
3.- Porque es una Ley de marcado carácter asistencialista.
4.- Porque en el texto de la Ley no se plasma con claridad el reconocimiento de “Derecho subjetivo” de las prestaciones básicas y las específicas.
5.- Porque el texto, tal y como se nos presenta, es restrictivo y limitado. Su contenido se refiere fundamentalmente a la gestión de los Servicios Sociales básicos (Centros de Acción Social) pero no establece cuáles son las competencias de los Específicos (exclusión social, discapacidad, mujeres victimas de violencia machista, personas mayores....).
6.- Porque es un texto confuso. En el Proyecto de Ley no se clarifican cuáles son los Servicios Sociales, de qué estructuras se componen, cómo se organizan territorial, funcional y competencialmente.
7.- Porque deja para un desarrollo posterior, mediante Reglamentos, contenidos que deben ser fijados en la Ley, como son: el Catálogo de Servicios Sociales, el Mapa de Servicios Sociales, las competencias del Consejo de Coordinación Interadministrativa, etc. A lo que hay que añadir que tampoco define de forma concreta qué Servicios han de prestar las Entidades Locales y cuáles la Junta de Castilla y León.
8.- Porque es excesiva y no acorde con las características de la Comunidad la ratio de población que se fija por Zona de Acción Social: en el Proyecto de Ley, la ratio propuesta es de 20.000 habitantes en medio urbano y 10.000 en medio rural, y desde IU-CyL consideramos que esa ratio no debe superar los 5.000 habitantes en medio urbano y 3.000 en medio rural.
9.- Porque en la Ley que se propone se suprimen los Consejos Locales, instrumentos fundamentales de participación ciudadana. ¿Qué sentido tiene hablar de los principios de proximidad y participación si no pueden ejercerse?. Los Consejos Provinciales, que se proponen, son estructuras demasiado complejas, por su tamaño y por las distintas realidades existentes entre las zonas rurales y las urbanas, para ser viables.
10.- Porque en el Proyecto de Ley desaparece el Trabajo Comunitario, y consideramos que la promoción y el desarrollo comunitario se debe potenciar desde los Servicios Sociales y no dejarlo fuera de esta Ley.
11.- Porque en la Ley no se establece que todas las Corporaciones Locales con competencias en materia de servicios sociales se integren en el Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales.
12.- Porque no se ha dado participación de los colectivos del ámbito social en la redacción del Proyecto de Ley.
13.- Y, por último, porque en la Ley no se garantiza que la Junta de Castilla y León pague a las Entidades Locales el 100% del módulo establecido (en la actualidad no se incluyen ni la antigüedad, ni mejoras, ni extras), y porque en el establecimiento deben participar las Entidades Locales y no ser impuesto por la Junta de Castilla y León. Además, la Ley de Servicios Sociales debe recoger, con claridad y suficiencia económica, la financiación de las prestaciones, de los servicios y de los medios que han de gestionar las entidades locales.

Valladolid, 16 de Octubre de 2010

Concepción Ortega Alonso
Secretaría de Política Social y Mujer

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