LA SANIDAD: UN DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS

La alcaldesa en funciones y Concejala de Servicios Sociales y Sanidad, Conchi Ortega Alonso, ha remitido una carta al Consejero de Sanidad , pidiendo información sobre la postura que va a adoptar la Junta de Castilla y León en relación a la propuesta del Gobierno, de no cubrir la asistencia sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular. Traslada también la preocupación tanto del Ayuntamiento como de la población inmigrante y profesionales sanitarios ante una propuesta que vulnera los principios de universalidad, gratuidad y solidaridad del sistema sanitario.


El Gobierno de Mariano Rajoy muestra su prepotencia al adoptar esta medida de manera unilateral, desoyendo al resto de partidos políticos, a las organizaciones de inmigrantes, a los sindicatos, a los y las profesionales sanitarios, incluso a su propio partido (algunos "varones" están levantando la voz en contra de esta medida). Profesionales sanitarios han manifestado su intención de objetar si la administración impone esta medida. Al mismo tiempo, las Comunidades Autónomas, no gobernadas por el PP ( Euskadi, Asturias, Andalucía, Cataluña), han comunicado que no pondrán en marcha esta medida; incluso el Popular Nuñez Feijoo ha dicho que buscará los “resquicios legales” para no aplicarla en Galicia. Mientras tanto Juan Vicente Herrera y su Consejero Antonio María Sáez Aguado, no han hecho ninguna declaración, por lo que entendemos que apoyarían la idea de denegar el acceso de personas que residen en nuestra Comunidad a la asistencia sanitaria pública.
Hace un tiempo el Gobierno lanzó la idea de responsabilizar a la ONGs de la atención sanitaria de las personas inmigrantes irregulares (propuesta rechazada por las organizaciones), después pasaron a proponer la obligación de contratar un seguro de 710 euros a las personas menores de 65 años, y de 1894 a las mayores de 65; por último nos sorprende con la ridícula idea de pasar la factura sanitaria a los países de origen; algo que sabemos que sería muy costoso administrativamente e irrealizable.
Ensañarse con las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, no tiene ningún sentido ni humano, ni económico; es una actitud cobarde porque se dirige a personas que no pueden defenderse. Lo que está haciendo el Gobierno es alimentar, de mantera grave e irresponsable, un discurso xenófobo, estigmatizando a las personas inmigrantes como culpables del “excesivo gasto sanitario”, algo que numerosos estudios han desmentido. (http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/estudio-social-31-inmigracion-y-estado-bienestar-espana-esp__816-c-14169__.html)
Por otro lado, la historia nos demuestra que las políticas de exclusión del sistema sanitario de un sector de la población, son potencialmente peligrosas para el conjunto de la salud pública. Las enfermedades no tienen papeles, y si no se trata de manera adecuada una patología al final se producirán contagios, con lo que se tendrá que atender a personas enfermas que se podía haber prevenido.
El PP está aprovechando esta crisis para desmantelar el sistema sanitario público, adoptando medidas insolidarias, contrarias a la ética médica y vulnerando un Derecho Humano, como es el derecho a la salud.

Miranda de Ebro a 14 de Agosto de 2012







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