DEMOLICIÓN CONTROLADA DE LA DEPENDENCIA

El año 2007, fue un año de esperanza para muchas personas que veían como se iniciaba un proceso hacia el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia; personas que por distintas circunstancias necesitan de apoyos para desarrollar las actividades de la vida diaria.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de Dependencia, impulsada por Izquierda Unida, supuso una respuesta, aunque tardía, del reconocimiento de derechos sociales y económicos para muchas personas. Subrayo derechos porque la atención a las personas dependientes no es algo que pertenezca solo al ámbito privado o familiar, sino que es una responsabilidad social a la que se debe responder desde el ámbito público en condiciones de igualdad.

La Ley recoge entre otros principios el carácter universal y público de las prestaciones; es decir, que estas deben estar aseguradas a las personas que tienen reconocimiento de atención por su situación de dependencia, por el Estado y las Comunidades Autónomas, mediante una financiación adecuada. Un derecho que, por otro lado, al ser subjetivo puede ser reclamado ante la administración por las personas beneficiarias.
Ese sentimiento de esperanza se está viendo truncado en los últimos tiempos. Si para muchas personas dependientes y sus familias se habría una puerta, al poder tener acceso a servicios como la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia, los Centros de Día y las Residencias, o a prestaciones económicas con las que poder hacer frente a las necesidades de las personas dependientes; ahora se les está cerrando. Así, si hace unos años celebrábamos la aprobación de un nuevo derecho, en la actualidad estamos asistiendo a una “demolición controlada” del mismo , como ha manifestado el presidente del la Asociación Estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales. En los últimos meses hemos visto como disminuía la financiación a la Dependencia, y como se modificaba, a la baja, 14 artículos de la Ley. A esa situación tenemos que sumar el anuncio de un recorte de 200 millones de euros para la dependencia, en los Presupuestos Generales del Estado para 2013.
Estas medidas van a afectar a la calidad de vida de muchas personas mayores, ya que 3 de 4 cuatro personas dependientes son mayores de 65 años. Personas que han aportado mucho a la sociedad, y que en este momento no solamente necesitan del cariño de sus seres queridos y de la solidaridad de la sociedad, sino de la justicia social y una respuesta a sus necesidades para llevar una vida diga.
En nuestra ciudad, además de los recortes a la Dependencia impuestos por el Gobierno en todo el país, nos encontramos con una prueba de como el PP trunca muchas esperanzas y limita derechos de las personas: La Residencia Mixta de la Tercera Edad, de la Junta de Castilla y León, tiene 222 plazas de las que más de 70 están sin ocupar. Mientras, muchas personas permanecen en la lista de espera para poder acceder a una de esas plazas; personas cuya situación personal y familiar se agrava día tras día. La única respuesta a esta situación es que la Residencia se encuentra a la espera de iniciar una obras de remodelación del centro; pero sabemos que este año no hay partida presupuestaria de la Junta para realizar dichas obras, y mucho nos tememos que al año que viene tampoco. Una situación inexplicable tanto para las personas que están en lista de espera y su familiares, como para los y las profesionales de la residencia y la sociedad mirandesa en general.

Abrimos una puerta a la esperanza, no permitamos que nos la cierren de golpe.



Conchi Ortega Alonso





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