PLENO MUNICIPAL 4 DE JULIO. INTERVENCIONES GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA (ll)

Punto 9º del orden del día; Moción del Grupo Muncipal de Izquierda Unida, por la que solicitan la paralización de los desahucios.

Doña Mª Concepción Ortega Alonso Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, al amparo de lo establecido por la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y el artículo 97 del R.D. 2568/1986, de 29 de noviembre, presenta para su aprobación en Pleno, la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

El artículo 47 de la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación”.

Nuestra Carta Magna configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica, de tal forma que exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la materia, incluyendo a la Administración Local.

La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves consecuencias, la destrucción de un gran número de empleos. Esta situación, agravada en nuestro país por la explosión de la burbuja inmobiliaria, ha provocado que numerosas personas no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de los préstamos o créditos hipotecarios celebrados para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigadas por dicha crisis financiera, al perder no solo su empleo sino también su vivienda.

Ante esta situación, las Administraciones no pueden permanecer impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda.

Más allá de las medidas estatales y autonómicas, los Ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y conocedores de los problemas, necesidades y demandas de sus vecinos, pueden incidir en atenuar la preocupante situación de desamparo en las que se encuentran miles de personas asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas inasumibles en tiempo de crisis, con seis millones de personas paradas y casi dos millones de hogares que no tienen ingreso alguno.

Este Ayuntamiento no está permaneciendo ajeno a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas, y debe seguir actuando sobre las personas y familias amenazadas de desahucios, adoptando a nivel municipal los siguientes


ACUERDOS
1 - Instar a la Junta de Castilla y León a que en el marco de sus competencias, garantice la función social de la vivienda y establezca un censo de viviendas deshabitadas para, en su caso, sancionar las viviendas que estén en manos de personas jurídicas, y fomentar el alquiler de aquellas viviendas que estén en manos de personas físicas, con la idea de fomentar el acceso a la vivienda desde el alquiler.

2 - Instar al Gobierno de España a adoptar la paralización de los desahucios tal y como se contemplaba en la ILP; a que las viviendas del SAREB pasen a ser gestionadas por las administraciones públicas autonómicas para el alquiler; a que no apruebe el desahucio expréss del alquiler, y a que se haga una quita en la deuda de las familias hipotecadas tal y como se ha hecho con los balances bancarios tras el estallido de a burbuja inmobiliaria.

3.- Volver a interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de las deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.


4.- El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, se compromete a apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de evitar y/o paliar el dramático problema de desahucios (Paralización de desahucios, dación en pago, alquiler social, reforma Ley Hipotecaria, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil...).

5.- En caso de lanzamiento por insolvencia sobrevenida e involuntaria de deudores de buena fe y vivienda única y habitual, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro se replanteará sus relaciones comerciales con la entidad ejecutante.

6.- Constituir una Comisión de seguimiento para dar respuesta a cuestiones que se plantean en este tema, presidida por el Alcalde y con un representante de cada grupo municipal, utilizando los instrumentos municipales existentes: Servicios Sociales, Oficina de Información al Consumidor, Viranda y Gabinete de Comunicación, para abordar temas como el asesoramiento, promoción y mediación de viviendas de alquiler social, y hacer campañas de difusión para que los ciudadanos y ciudadanas consigan un mejor con9ocimiento sobre los derechos y obligaciones que tienen en relación a la vivienda habitual. Asimismo, la Comisión articulará la coordinación y colaboración con los movimientos sociales implicados.


Fdo. Concepción Ortega Alonso
Portavoz de Grupo Municipal Izquierda Unida


INTERVENCIÓN DE CONCHI:

Durante mucho tiempo el desarrollo económico de nuestro país ha estado ligado a la construcción de viviendas y al impulso de la propiedad privada como principal régimen de tenencia. Para alcanzar este objetivo las entidades bancarias, estimuladas por la ausencia de controles públicos, incentivaron la concesión de créditos hipotecarios.

El inmenso paro, la reducción de los salarios, la ausencia de viviendas en alquiler, etc, han empujado a muchas personas a una situación de endeudamiento sobrevenido, no pudiendo hacerse cargo del pago de la hipoteca, y llegando muchas veces al desahucio.

No estamos solamente hablando de la pérdida de vivienda para las familias, sino también de una condena para las familias, sino también de una condena financiera de por vida; que muchas veces arrastra al resto de familiares o amistades, al ser avalistas de las hipotecas.

Así vemos, como personas deudoras de buena fe, se encuentran frente a una situación de exclusión social.

El derecho a una vivienda digna, como hemos dicho en la exposición de motivos, está recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, así como por la Constitución Española en su artículo 47. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966 avanzó en la tutela efectiva de este derecho, vinculando a los Estados Parte, entre ellos el Estado Español, no sólo al reconocimiento del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuada”, sino también a garantizar las “medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.
Hay que tener en cuenta que la asunción de un derecho entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual, sino también la obligación, empezando por el Estado, de actuar con todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos.
La sociedad civil ha manifestado su preocupación por esta situación emergencia social, como pone de manifiesto el millón y medio de firmas recogidas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular.
Ante la presión social y algunos hechos como la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo, el gobierno ha modificado la Ley Hipotecaria, pero lo ha hecho sin recoger las propuestas de la I.L.P., que son: dación en pago con carácter retroactivo, paralización de los desahucios y alquiler social.
Por otro lado, la Junta de Castilla y León sigue sin hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada. No está adoptando medidas como fomentar el alquiler de las viviendas vacias.
En Castilla y León se han incrementado las ejecuciones hipotecarias en el año 2012 en un 32 %,el doble de la media nacional, y en el primer trimestre de 2013 siguen en un 26,6%, mientrás la media del Estado es del 13,8%. En estos momentos en Castilla y León hay 5.500 procedimientos abiretos.
El Ayuntamiento de Miranda ya ha iniciado este camino adoptando algunas medidas:
La modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”, conocido como Plusvalía; introducción la posibilidad de que dicho impuesto en los casos de ejecución hipotecaria, pague el Impuesto la entidad que se queda con vivienda en lugar de la persona desahuciada.
La adhesión al Convenio del Fondo Social de Vivienda
La implantación a través de los Servicios Sociales del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucios, de la Junta de Castilla y León. Servicio que hemos puesto en el Ayuntamiento, sin ningún ninguna aportación económica de la Junta, es decir lo desarrollan personas que ya estaban trabajando en los Servicios Sociales municipales
El envío de cartas a las entidades bancarias instándolas a que no procedan al desahucio.


Por todo ello proponemos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos


Instar tanto al Gobierno a la modificación de la nueva Ley Hipotecaria introduciendo la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y el alquiler social, instar a la Junta de Castilla y León a garantizar la función social de la vivienda . En cuanto al Ayuntamiento, volver a interpelar a las entidades financieras para que paralicen los desahucios y condonen las deudas ilegítimas fruto de la ejecución hipotecario; apoyar a las plataformas y foros que trabajan en este ámbito, replantearse las relaciones comerciales con las entidades bancarias que ejecuten desahucios. Para coordinar todo este trabajo se forme una Comisión en la que participen todos los grupos municipales, para dar una información y asesoramiento a todas las personas de manera coordinada.




Sobre IU Miranda de Ebro

Web oficial de la agrupacion local de IU Miranda de Ebro, por una alternativa que supere el régimen del 78.
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