ARTÍCULO. UNA JUSTICIA ATADA Y BIEN ATADA.



Ya lo decía Franco, había dejado todo bien atado. Hoy es otro de los días aciagos en el panorama político español, después que llevamos varios meses sin ver el sol, hemos recibimos la noticia que la mayoría de los miembros Tribunal Constitucional ha rechazado admitir las recusaciones presentadas por el Gobierno catalán contra el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, por compaginar el ser miembro del alto tribunal, además presidente, con su militancia a un partido político, en este caso al PP. Son de esas sentencias que uno no comparte, tampoco acata sino que la recibe por imposición, pero vomita por las palabras. Desde luego, se ha debatido mucho sobre si un miembro de un partido puede ser componente de ese alto tribunal, pues el art. 159.4 de la Constitución fija que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible “con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato…”, es decir, que la incompatibilidad se limita a los casos en los que se ejerza una función directiva. Por lo tanto, el hecho de pertenecer a un partido político y ser miembro del TC es legal.
No obstante, el art. 127 es más taxativo y señala que “los jueces y magistrados así como los fiscales, mientras se hallen en activo no podrán… pertenecer a partidos políticos o sindicatos”. Todo ello para asegurar la total independencia de los tribunales, es decir, que el mero hecho de pertenecer a un partido les hace sospechosos de estar sometidos a una disciplina partidista.
Cabe la pregunta de cómo se ha podido mantener esta contradicción durante tantos años, tenían que haber sido los mismos miembros del TC los que deberían haber saltado la alarma, para eso se les paga. Sin embargo, emana de un aspecto doctrinal que considera al Constitucional como un órgano jurisdiccional por su procedimiento de adoptar decisiones y acoger los recursos de amparo, pero también político por su funcionamiento. El jurista Hans Kelsen atribuía al TC el papel de “legislador negativo” pues su función se ciñe a expulsar del ordenamiento jurídico aquellas leyes redactadas que no se ajustan a la Constitución en vigor, es un legislador agregado. Además, sus decisiones, aunque con criterios jurídicos, tienen transcendencia política, como observamos en la que hemos recibido hoy. No solo por la ratificación de la negativa legal al Estatuto catalán –es lo de menos- sino por la posibilidad de compatibilizar un cargo de miembro de TC con la militancia política y escorar la decisión que adopten. Si bien, a nadie se le oculta la ideología de los jueces ni su militancia larvada, pero la no pertenencia a un partido elimina la sospecha del sometimiento a una disciplina organizativa.

Lo político de este Órgano también se deja traslucir por la vía del nombramiento de sus componentes, pero desde ahora con esta sentencia se podrá redoblar la procedencia de militantes que aprovecharan los Gobiernos de turno, lo que delimita la cacareada división de poderes. No es de extrañar que los Tribunales Constitucionales empezaran a aparecer a principio del siglo XX, una vez que se hace más extensivo el sufragio universal en los diferentes países, a medida que los Parlamentos alcanzan un carácter más democrático y pluralista. Anteriormente cuando el voto era tan solo de privilegiados, los bien pensantes, los Tribunales que vigilasen la coordinación legislativa no hacían falta. Asimismo queda por explicar en la sentencia cómo en anteriores ocasiones se recusó al juez Pablo Pérez Tremps por haber elaborado un informe sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y no se recusa a Francisco Pérez Cobos por sus opiniones emitidas de desprecio sobre Cataluña.

El Tribunal Constitucional se caracteriza también por los recursos que se hace ante su sede pueden permanecer aletargados varios años en sus despachos, algunos llevan más de 15 años en espera de una resolución. Hace falta una reforma institucional en profundidad porque de su inoperancia y sesgo político ya ha dado muchas muestras.

Burgos, 18 de septiembre de 2013


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