PLENO MUNICIPAL 14 DE NOVIEMBRE. INTERVENCIONES GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA (I)

Punto 12º del orden del día: Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la propuesta de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial elaborada por el Ministerio de Justicia.
Intervención de la Concejala Marian Rocandio
. La reforma propuesta por el Ministro Gallardón, de la Ley de Demarcación y Planta Judicial es un proyecto que da un paso más hacia la definitiva privación del derecho a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas con menos recursos y que sus consecuencias más directas serán:
1. La supresión de los Partidos Judiciales, excepto el de las capitales de provincia
2. La supresión de la Audiencia Provincial.
3. Y la supresión de los Juzgados de Paz.
Esto supondrá al mismo tiempo un colapso en los juzgados, más retraso en la causas pendientes y un grave perjuicio para la gente que tiene que desplazarse a las capitales de provincia

Esta reforma sigue el proceso de centralización que el Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo en distintas materias, entre ella la Justicia. Que empezó con el distanciamiento de la población con la Ley de Tasas, que dificultó el acceso a un derecho tan esencial para la ciudadanía

Traerá unas consecuencias nefastas en el mapa judicial de la provincia. Castilla y León sería una de las comunidades autónomas más afectadas y supondría un nuevo ataque a los servicios públicos que se prestan en los pequeños municipios. Para los vecinos y vecinas de Miranda resulta inadmisible cuando por necesidades de la población, se viene solicitando dese hace tiempo, la necesidad de un tercer juzgado.

Es una reorganización que el Ministerio quiere vender a la ciudadanía como basada en criterios de asignación racional de los recursos, pero que esconde, una vez más, la intención de reducir los servicios públicos a la mínima expresión. Asistimos de nuevo a un intento de enmascarar las verdaderas pretensiones del Gobierno. Lejos de optimizar recursos, atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Supone una nuevo recorte en los servicios públicos que se sumaría al desmantelamiento de servicios como los ya realizados por el Partido Popular en Educación, Sanidad, Servicios Sociales o Dependencia. No podemos emplear la eficacia como criterio de actuación. Por encima, debe estar la eficacia y la rentabilidad social, en definitiva el servicio a la ciudadanía.

Rechazamos esta política antisocial del Partido Popular que no contento con crear una Justicia de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres, pretende ahora también una justicia alejada de las personas que no viven en las capitales. Es, sin duda, un ataque flagrante contra el derecho a la justicia universal y su accesibilidad en condiciones de igualdad.

Al mismo tiempo, la reorganización del mapa judicial, se pretende realizar sin diálogo, sin debate político e institucional, sin contar con los municipios afectados y sin el acuerdo de los y las profesionales en la materia.

En definitiva esta reforma supone no solo la privatización de un servicio fundamental y obligatorio para la ciudadanía sino que constituye un paso más de enorme gravedad en la dirección de desmantelar el Servicio Público de la Justicia como derecho básico e imprescindible del Estado Social y de Derecho.

Por ello Izquierda Unida apoya la moción que presenta el Partido Socialista.

Mª Angeles Rocandio Castroviejo
Concejala de Izquierda Unida

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