Los sindicatos y parte de la oposición exigen que la gestión de la promoción industrial sea pública.

El futuro de la Oficina de Promoción Industrial (Opime) sigue siendo el caballo de batalla con el que las formaciones políticas y sindicales definen su postura sobre el modo de impulsar la economía mirandesa. Así, el Comité de Empresa del Ayuntamiento, las secciones sindicales de UGT, CGT y Comisiones Obreras, así como IU y Ganemos Miranda han emitido un comunicado de prensa a través del cual manifiestan su disconformidad «con la intención mostrada por el equipo de gobierno de estudiar la contratación externa de la futura Opime». Un texto en el que todos los colectivos lamentan que no haya habido diálogo con los agentes sociales, políticos y sindicales «para plantear la problemática de este servicio y dotar de contenido y presupuestos el mismo si así fuese necesario».
Desde Comisiones Obreras, su secretario comarcal recuerda que la reivindicación no es nueva, pero que los «acontecimientos» de la última legislatura con respecto «a lo que ocurrió con la Cámara de Comercio» han sido el motivo por el que se ha retrasado la puesta en marcha activa del servicio. Y es que, a mediados de 2011 se fijaba un presupuesto de 143.000 euros para que la Cámara de Comercio asumiera a través de un convenio con el Ayuntamiento el funcionamiento de la Opime desde sus instalaciones, pero la reducción de personal de la entidad cameral dejó sin viabilidad el convenio para impulsar la llegada de empresas a Miranda y a finales de 2013, la propia Cámara reconoció no disponer de medios para llevar a cabo esa labor. González entiende que «en el último año de legislatura igual era muy difícil arrancarla», explicó. 
En el caso de Comisiones Obreras, su postura es clara: Para González, la Opime debiera gestionarse de manera pública porque «no se puede dejar el hito más importante que tiene que acometer esta corporación como es la promoción industrial que está estancada en un 95% en manos de una empresa externa o de personas ajenas a la corporación aunque se tutele», adujo, afirmando que, a su juicio, la opinión de la alcaldía «no es muy lejana a la nuestra», aunque sea difícil llevarlo a cabo con medios propios.
Será uno de los debates que este sindicato pretende poner encima de la Mesa de Diálogo Social que, a propuesta de CCOO se reactivará en breve. Un órgano exigido en la Ley de Ordenación del Territorio de 2013 en Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes y que, según González, en los últimos años ha conseguido en la región que se afiancen cuestiones tan importantes como «la consecución de la Renta Garantizada de Ciudadanía»
Así mismo, el secretario comarcal de Comisiones Obreras coincide con la alcaldesa en la necesidad de buscar la implicación de la Junta de Castilla y León en la promoción de Miranda, «ya que es la Administración regional quien tiene la competencia en cuestiones como el empleo e industria», expresó, pidiendo al Ayuntamiento que coopere «en todo lo que pueda», mientras apoya «todas las iniciativas que se generen en la ciudad para dar el empujón definitivo para que lleguen a buen fin», concluyó.

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